¿Es legal el cobro del 5% por compras con tarjetas débito o crédito?

En Colombia, algunos establecimientos comerciales cobran un 5% adicional a los clientes que deciden pagar con tarjeta débito o crédito. Esta práctica puede generar confusión y molestia entre los consumidores, quienes se preguntan si este cobro es legal, quién lo regula y cómo deben actuar. 

¿Es legal este recargo del 5% por pagos con datáfono? 

La legislación colombiana no prohíbe expresamente que los comercios cobren un valor adicional por aceptar pagos con tarjeta. Sin embargo, según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), esta práctica solo es legal si el comercio informa de forma clara, visible y previa al cliente sobre dicho  recargo. Esto significa que el consumidor debe saber, antes de pagar, que se le va a aplicar un incremento al valor de su compra por utilizar un medio de pago electrónico.

La SIC aclara que este tipo de cobros está relacionado con los costos que asumen los comerciantes al utilizar datáfonos o plataformas electrónicas de pago, cuyo uso representa una comisión que generalmente oscila entre el 3% y el 5%. Esta comisión es cobrada por entidades como Redeban, Credibanco u otras redes de pago, quienes ofrecen los datáfonos en comodato.

¿Qué dice el Estatuto del Consumidor?

El Estatuto del Consumidor colombiano establece que todos los precios deben ser informados con antelación y claridad. Cualquier cargo adicional debe estar visible y no puede ser una sorpresa al momento de pagar. Si el comercio no informa con antelación sobre el recargo, está violando este estatuto, lo cual puede acarrear sanciones.

La ley también establece que el valor final del producto o servicio debe ser el anunciado públicamente, incluyendo todos los cargos adicionales, como los relacionados con el medio de pago. Si no se cumple esta norma, el cliente no está obligado a aceptar el cobro adicional.

¿Qué riesgos enfrentan los comercios que no informan?

Cuando un establecimiento no cumple con las condiciones de transparencia en el cobro del 5%, se expone a sanciones por parte de la SIC. Estas pueden incluir desde multas económicas hasta la pérdida del datáfono entregado en comodato. En casos más graves, podría incluso enfrentarse a procesos legales por prácticas engañosas o violación a los derechos del consumidor.

¿Por qué algunos comercios trasladan este costo al cliente?

Para los pequeños negocios, asumir la comisión del datáfono puede representar una reducción considerable en sus márgenes de ganancia. Por eso, algunos optan por trasladar el costo al consumidor. Aunque esta medida puede entenderse desde una lógica financiera, no exime al establecimiento de su deber legal de informar de forma anticipada al comprador.

Los comerciantes deben recordar que los datáfonos no son propiedad del establecimiento, sino que son prestados bajo modalidad de comodato por las redes de pago. Estas redes también están reguladas y tienen lineamientos específicos sobre el uso adecuado del dispositivo y la forma de informar los costos asociados a su uso.

¿Qué deben hacer los consumidores si detectan este tipo de cobros?

Los consumidores tienen derecho a exigir que cualquier cobro adicional sea informado previamente. En caso de no haber sido notificados del recargo, pueden solicitar la devolución del dinero o presentar una queja formal ante la SIC.

Es importante conservar la factura y cualquier evidencia del pago para respaldar la reclamación. La SIC ofrece canales digitales y telefónicos para que los ciudadanos denuncien este tipo de irregularidades.

Transparencia, la clave para evitar sanciones y conflictos

El cobro del 5% por pagos con tarjeta débito o crédito sí es legal en Colombia, siempre y cuando se comunique de manera clara y previa al consumidor. La clave está en la transparencia. Tanto consumidores como comercios deben conocer sus derechos y deberes para evitar conflictos, sanciones o experiencias de compra negativas.

En un entorno donde los pagos electrónicos están creciendo rápidamente, mantener la confianza del cliente se vuelve fundamental. La claridad en los precios y la comunicación honesta siguen siendo la mejor estrategia para fidelizar consumidores y cumplir con la ley.