Resolución 2328: cómo implementar el SARLAFT en el sector transporte colombiano
- Producto ecollect
- hace 7 días
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Desde el 26 de noviembre de 2025, las empresas de transporte deberán implementar el nuevo Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conocido como SARLAFT, tras la Resolución 2328 de 2025. Este reemplaza al anterior SIPLAFT y marca un antes y un después en el abordaje institucional de los riesgos en el transporte de carga, pasajeros, mixto, especial, e infraestructura vial.
¿Qué cambia con la llegada del SARLAFT?
La transición del SIPLAFT al SARLAFT implica un fortalecimiento en la forma en que se detectan, gestionan y reportan los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. El SARLAFT no solo amplía el alcance de los sujetos obligados, sino que exige una estructura organizacional robusta, una infraestructura tecnológica adecuada y una política activa de divulgación y formación.
La nueva normativa requiere que las empresas desarrollen procedimientos claros para la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos, así como la implementación de mecanismos como el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Esto representa un reto especialmente para las pymes del sector, que deberán adecuarse en tiempo récord.
¿Quiénes están obligados a cumplir?
El alcance de la Resolución 2328 es amplio. Entre los principales sujetos obligados se encuentran:
Empresas de transporte terrestre (carga, pasajeros, especial, mixto)
Concesionarios de infraestructura de transporte
Centros de servicios automotores y de enseñanza vial
Operadores multimodales y portuarios
Desintegradoras de vehículos y operadores de transporte por cable
La norma también establece plazos diferenciados: mientras que las empresas ya habilitadas tienen hasta el 26 de noviembre de 2025 para cumplir, las nuevas organizaciones deberán implementar el SARLAFT en un plazo de ocho meses desde su registro.
El nuevo perfil del Oficial de Cumplimiento
Uno de los cambios más relevantes es la definición del perfil mínimo que debe tener el Oficial de Cumplimiento. Ahora se exige que este profesional tenga formación técnica o profesional, capacitación específica en administración de riesgos LA/FT/FP (mínimo 90 horas) y experiencia laboral de al menos seis meses. Además, debe contar con constancias de formación en los cursos virtuales de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
El número máximo de empresas que puede supervisar también se limita: hasta 10 si son de transporte de pasajeros o cooperativas, y solo 5 para las demás.
¿Qué riesgos implica no implementar el SARLAFT?
El incumplimiento de esta normativa acarrea consecuencias significativas para las empresas, tales como:
Multas económicas de alto impacto
Suspensión de operaciones
Restricciones para contratar con el Estado
Daño reputacional irreversible
Esto obliga a las organizaciones a actuar con celeridad y responsabilidad, pues el costo de no cumplir es mayor que el de implementar.
Claves para una implementación efectiva
Las empresas que hacen parte del ecosistema transporte deben abordar este proceso de forma estratégica. Las siguientes recomendaciones son fundamentales:
Leer y entender la Resolución 2328 a profundidad.
Evaluar el impacto en los procesos actuales, identificando brechas.
Desarrollar un plan de implementación con responsables y cronograma claro.
Capacitar al personal, especialmente a quienes manejan operaciones sensibles.
Adoptar herramientas tecnológicas que permitan el monitoreo y la trazabilidad de operaciones.
El SARLAFT requiere una visión integral, no solo desde el cumplimiento normativo, sino como un mecanismo de protección reputacional, financiera y operativa. Las empresas que logren implementar este sistema de forma efectiva estarán fortaleciendo la confianza con clientes, aliados, y autoridades, así como garantizando su sostenibilidad en un mercado cada vez más vigilado y competitivo.
La Resolución 2328 de 2025 no es solo una obligación regulatoria, sino una oportunidad para que el sector transporte en Colombia refuerce sus estándares éticos y de seguridad. En un entorno donde el riesgo de delitos financieros está en aumento, adoptar el SARLAFT no solo es necesario, sino estratégico. Las empresas que se anticipen estarán liderando un cambio hacia un ecosistema más seguro, transparente y competitivo.